¿QUIÉN DESATÓ LA VIOLENCIA EN GUATEMALA?

EL REY AZÚCAR Y OTROS MONARCAS AGRÍCOLAS

¿QUIÉN DESATÓ LA VIOLENCIA EN GUATEMALA?

En 1944, Ubico cayó de su pedestal, barrido por los vientos de una revolución de sello liberal que encabezaron algunos jóvenes oficiales y universitarios de la clase media.

Juan José Arévalo, elegido presidente, puso en marcha un vigoroso plan de educación y dictó un nuevo Código del Trabajo para proteger a los obreros del campo y de las ciudades.

Nacieron varios sindicatos; la United Fruit Co., dueña de vastas tierras, el ferrocarril y el puerto, virtualmente exonerada de impuestos y libre de controles, dejó de ser omnipotente en sus propiedades.

En 1951, en su discurso de despedida, Arévalo reveló que había debido sortear treinta y dos conspiraciones financiadas por la empresa. El gobierno de Jacobo Arbenz continuó y profundizó el ciclo de reformas. Las carreteras y el nuevo puerto de San José rompían el monopolio de la frutera sobre los transportes y la exportación. Con capital nacional, y sin tender la mano ante ningún banco extranjero, se pusieron en marcha diversos proyectos de desarrollo que conducían a la conquista de la independencia.

En junio de 1952, se aprobó la reforma agraria, que llegó a beneficiar a más de cien mil familias, aunque sólo afectaba a las tierras improductivas y pagaba indemnización, en bonos, a los propietarios expropiados. La United Fruit sólo cultivaba el ocho por ciento de sus tierras, extendidas entre ambos océanos.

La reforma agraria se proponía «desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general», pero una furiosa campaña de propaganda internacional se desencadenó contra Guatemala: «La cortina de hierro está descendiendo sobre Guatemala», vociferaban las radios, los diarios y los proceres de la OEA.

El coronel Castillo Armas, graduado en Fort Leavenworth, Kansas, abatió sobre su propio país las tropas entrenadas y pertrechadas, al efecto, en los Estados Unidos. El bombardeo de los F-47, con aviadores norteamericanos, respaldó la invasión. «Tuvimos que deshacernos de un gobierno comunista que había asumido el poder», diría, nueve años más tarde, Dwight Eisenhower. Las declaraciones del embajador norteamericano en Honduras ante una subcomisión del Senado de los Estados Unidos, revelaron el 27 de julio de 1961 que la operación libertadora de 1954 había sido realizada por un equipo del que formaban parte, además de él mismo, los embajadores ante Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Allen Dulles, que en aquella época era el hombre número uno de la CÍA, les había enviado telegramas de felicitación por la faena cumplida.

Anteriormente, el bueno de Allen había integrado el directorio de la United Fruit Co. Su sillón fue ocupado, un año después de la invasión, por otro directivo de la CÍA, el general Walter Bedell Smith. Foster Dulles, hermano de Allen, había encendido de impaciencia en la conferencia de la OEA que dio el visto bueno a la expedición militar contra Guatemala. Casualmente, en sus escritorios de abogado habían sido redactados, en tiempos del dictador Ubico, los borradores de los contratos de la United Fruit.

La caída de Arbenz marcó a fuego la historia posterior del país. Las mismas fuerzas que bombardearon la ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y el puerto de San José al atardecer del 18 de junio de 1954, están hoy en el poder. Varias dictaduras feroces sucedieron a la intervención extranjera, incluyendo el período de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), quien proporcionó a la dictadura el decorado de un régimen democrático. Méndez Montenegro había prometido una reforma agraria, pero se limitó a firmar la autorización para que los terratenientes portaran armas, y las usaran. La reforma agraria de Arbenz había saltado en pedazos cuando Castillo Armas cumplió su misión devolviendo las tierras a la United Fruit y a los otros terratenientes expropiados.

1967 fue el peor de los años del ciclo de la violencia inaugurado en 1954. Un sacerdote católico norteamericano expulsado de Guatemala, el padre Thomas Melville, informaba al National Catholic Repórter, en enero de 1968: en poco más de un año, los grupos terroristas de la derecha habían asesinado a más de dos mil ochocientos intelectuales, estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos que habían «intentado combatir las enfermedades de la sociedad guatemalteca».

El cálculo del padre Melville se hizo en base a la información de la prensa, pero de la mayoría de los cadáveres nadie informó nunca: eran indios sin nombres ni orígenes conocidos, que el ejército incluía, algunas veces, sólo como números, en los partes de las victorias contra la subversión.

La represión indiscriminada formaba parte de la campaña militar de «cerco y aniquilamiento» contra los movimientos guerrilleros. De acuerdo con el nuevo código en vigencia, los miembros de los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad penal por homicidios, y los partes policiales o militares se consideraban plena prueba en los juicios.

Los finqueros y sus administradores fueron legalmente equiparados a la calidad de autoridades locales, con derecho a portar armas y formar cuerpos represivos. No vibraron los teletipos del mundo con las primicias de la sistemática carnicería, no llegaron a Guatemala los periodistas ávidos de noticias, no se escucharon voces de condenación. El mundo estaba de espaldas, pero Guatemala sufría una larga noche de San Bartolomé.

La aldea Cajón del Río quedó sin hombres, y a los de la aldea Tituque les revolvieron las tripas a cuchillo y a los de Piedra Parada los desollaron vivos y quemaron vivos a los de Agua Blanca de Ipala, previamente baleados en las piernas; en el centro de la plaza de San Jorge clavaron en una pica la cabeza de un campesino rebelde.

En Cerro Gordo, llenaron de alfileres las pupilas de Jaime Velázquez; el cuerpo de Ricardo Miranda fue encontrado con treinta y ocho perforaciones y la cabeza de Haroldo Silva, sin el cuerpo de Haroldo Silva, al borde de la carretera a San Salvador; en Los Mixcos cortaron la lengua de Ernesto Chinchilla; en la fuente del Ojo de Agua, los hermanos Oliva Aldana fueron cosidos a tiros con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados; el cráneo de José Guzmán se convirtió en un rompecabezas de piezas minúsculas arrojadas al camino; de los pozos de San Lucas Sacatepequez emergían muertos en vez de agua; los hombres amanecían sin manos ni pies en la finca Miraflores. A las amenazas sucedían las ejecuciones o la muerte acometía, sin aviso, por la nuca; en las ciudades se señalaban con cruces negras las puertas de los sentenciados. Se los ametrallaba al salir, se arrojaban los cadáveres a los barrancos.

Después no cesó la violencia. Todo a lo largo del tiempo del desprecio y de la cólera inaugurado en 1954, la violencia ha sido y sigue siendo una transpiración natural de Guatemala. Continuaron apareciendo, uno cada cinco horas, los cadáveres en los ríos o al borde de los caminos, los rostros sin rasgos, desfigurados por la tortura, que no serán identificados jamás. También continuaron, y en mayor medida, las matanzas más secretas: los cotidianos genocidios de la miseria. Otro sacerdote expulsado, él padre Blase Bonpane, denunciaba en el Washington Post, en 1968, a esta sociedad enferma: «De las setenta mil personas que cada año mueren en Guatemala, treinta mil son niños. La tasa de mortalidad infantil en Guatemala es cuarenta veces más alta que la de los Estados Unidos».

Lo cuentan las voces de los que se resisten.

Extractos del libro “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano

Publicado por ROMULO PEREZ “por una conciencia Socialista”

« ... Hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez...»